Modernización de las policías; control de armas; fortalecimiento de programas de ayuda a niños y jóvenes que han delinquido por primera vez; refuerzo a proyectos de mejoramiento de la calidad de vida y disminuir la inequidad en el territorio son parte de las propuestas.
La Directiva Partido Demócrata, encabezada por su Presidente Nacional, Alcalde Felipe Delpin, la Secretaria Nacional, Cecilia Valdés, vicepresidenta Francisca Hernández y el Alcalde San Ramón Gustavo Toro se reunieron con la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, a quien le entregaron las propuestas de la falange en materia de seguridad pública, documento aprobado por el Consejo Nacional del Partido.
“Le hicimos entrega de una propuesta integral de seguridad. El mayor problema que vivimos todos los chilenos y chilenas es la seguridad; la violencia que vivimos en las calles, en el centro de Santiago, en las regiones; la violencia extrema que se vive en las poblaciones, en los territorios, en las comunas, principalmente en las más pobres; El mayor problema del país hoy en día es la seguridad” señaló Felipe Delpin, presidente de la DC.
En la misma línea el también Alcalde de La Granja agregó “el narcotráfico ha ingresado con fuerza, ha ingresado con armas, contratando niños y jóvenes para que sirvan de soldados y micro traficantes de droga, pero también la violencia se ha apoderado de todo Chile; vemos con preocupación lo que sucedió en el centro de Santiago, donde una mujer es baleada y no sabemos el motivo o en el norte de Chile donde personas aparecen secuestradas y asesinadas y a eso le sumamos la violencia que estamos viviendo en la macro zona sur, en el Bio Bio, en la Araucanía hay una realidad donde la violencia se ha apoderado de la zona”.
LAS PROPUESTAS DE LA DC
“Le dijimos a la ministra que estamos dispuestos a colaborar. Hemos planteado diversos temas: modernización de las policías; control de armas; fortalecimiento de programas de ayuda a niños y jóvenes que han delinquido por primera vez; refuerzo a proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y disminuir la inequidad en el territorio. Esta ha sido una propuesta que fue aprobada por el Consejo Nacional de la DC y vamos a seguir trabajando en esta línea con toda la disposición para apoyar al Gobierno en la creación del Ministerio de Seguridad Pública y también en la generación de fuerzas de inteligencia para controlar al crimen organizado y los hechos de violencia que se vive a lo largo del país” finalizó Delpin.
Acuerdo Nacional para un plan de reformas y la vigencia del derecho a la seguridad
La urgencia de las medidas a adoptar no puede desconocer la necesidad de amplios acuerdos que den viabilidad a las medidas que se deseen implementar. Se propone que el gobierno, encabezado por el Presidente de la República, convoque a un proceso de diálogo con representantes del parlamento, partidos políticos, instituciones del ámbito de seguridad y justicia y expertos, para abordar una agenda de cambios profundos en la institucionalidad ligada a la persecución penal y el trabajo policial.
De esta instancia, deben surgir acuerdos en materias de: reforma policial, fortalecimiento del Ministerio Público, inteligencia contra el crimen organizado y modernización de la legislación ligada a seguridad y justicia.
Las ideas que allí se discutan deben enmarcarse en una visión compartida sobre una Política Criminal que define prioridades en el trabajo de las instituciones y se orienta hacia una mayor efectividad en el trabajo de las instituciones, en la reducción de la impunidad y en sistemas de control civil, transparencia hacia la comunidad y respeto a los Derechos Humanos.
Creación de brigada especializada contra el crimen organizado
Se propone radicar en la Policía de Investigaciones de Chile una fuerza de tarea que reúna a funcionarios de la PDI y Carabineros de Chile que tengan una trayectoria de especialización en la investigación criminal. Esta brigada debe estar dedicada a la investigación del crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones (drogas, robos de vehículos, mafias de comercio ilegal, etc.), para una labor efectiva se deben autorizar medidas intrusivas y el uso de informantes, todo lo cual, será supervisado por una comisión especial del Poder Judicial. La labor de esta brigada debe ser dirigida por un juez o fiscal de vasta experiencia en la labor investigativa. Una ley especial debe definir y regular las funciones y el ámbito de actuación de esta brigada, dicho cuerpo legal debe asignar los recursos necesarios para su funcionamiento y dotar a esta brigada de independencia respecto de la estructura regular de cada cuerpo policial. La labor de esta brigada debe ser supervisada por una mesa de trabajo compartido con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
Reforma al Ministerio Público y disminución de la impunidad delictual
La Reforma Procesal Penal ha superado ya los 20 años desde su puesta en marcha; sin duda, ella constituye un hito relevante en la modernización de la justicia en Chile que todos valoran. No obstante, es tiempo suficiente para advertir debilidades o desafíos pendientes en su institucionalidad. Las experiencias recientes, sobre crisis en instituciones policiales, demuestran que el exceso de autonomía de las instituciones puede derivar en irregularidades, o al menos, en la incapacidad de estas instituciones de hacerse cargo plenamente de lo que la sociedad le demanda. El Ministerio Público se rige por una ley orgánica constitucional que le garantiza autonomía, pero que impide, un control efectivo de sus actuaciones por parte de un organismo externo.
Se propone una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, orientada a regular la supervisión administrativa por parte de la Contraloría, a precisar las necesarias coordinaciones que debe sostener con otros órganos del estado; principalmente, Poder Judicial y Ministerio de Interior y Seguridad Pública y, dar cuenta de metas de gestión, frente al Congreso Nacional.
Junto a lo anterior, es necesario dar un nuevo impulso al proceso de Fortalecimiento del Ministerio Público, ello significa la incorporación de más fiscales y profesionales de apoyo a la labor que realiza la institución. Este Plan requiere la asignación de mayores recursos en el Presupuesto Nacional, la acumulación de causas sin resolver y las necesidades de intensificar la labor investigativa, evitando el alto porcentaje de causas que quedan en Archivo Provisional, hacen urgente asignar recursos y exigir metas de gestión (supervisadas por el Congreso Nacional) a una institución clave en nuestro sistema de justicia criminal.
Un país que protege a sus niños y jóvenes
Los problemas de delincuencia, violencia y consumo de drogas tienen su origen en problemas sociales, son una deuda pendiente de nuestro modelo de desarrollo. Los 792 mil niños, niñas y adolescentes que viven en condición de pobreza, los más de 350 mil excluidos del sistema escolar (UNICEF 2018), los 500 mil “Ninis” que no estudian ni trabajan (OCDE 2017) y que tienen entre 15 y 29 años, constituyen un desafío urgente. Todos ellos son un problema social pendiente, ellos merecen, antes que nada, nuestra atención para brindar mayores posibilidades de desarrollo y de integración social. En la medida que demos alternativas a estos niños y jóvenes, ciertamente evitaremos que muchos de ellos sigan el camino de la droga o el delito.
Se advierte, a modo de ejemplo, una muy buena experiencia en el programa “Lazos” que atiende a menores de 10 a 17 años en conflicto con la justicia, pero esta intervención, se reduce a una cobertura nacional de unos 2.500 niños y adolescentes al año, por un período limitado de meses, en circunstancias que sólo el año 2017, ingresaron al sistema penal 36.083 adolescentes. Es necesario que este programa esté presente en todas las comunas del país de más de 40 mil habitantes y no sólo en las 50 comunas incorporadas hasta el 2021(http://lazos.spd.gob.cl/cobertura/).
Descentralización y gobernanza de la seguridad
El actual Programa de Gobierno compromete un rol “Más sustantivo” de los gobiernos regionales y las municipalidades en materias de seguridad. Esta es una perspectiva correcta hacia la cual avanzar, sin embargo, ello no será posible sin una efectiva reforma a Carabineros y la destinación de recursos nuevos para el cumplimiento de estas funciones.
El gasto en seguridad del país representa alrededor del 1,8% del PIB nacional (Olavarría 2015) esta cifra nos sitúa muy por debajo de países Latinoamericanos. En la actualidad, la importancia y urgencia de esta preocupación exigen la destinación de mayores recursos. Se propone que, en el marco de un Acuerdo Nacional, se avance hacia un aumento sustantivo de recursos, los que deben ir destinados prioritariamente hacia nuevas funciones policiales y dotar a los gobiernos regionales y municipios de estructuras básicas de prevención del delito y la violencia.
Castigo efectivo a los delitos de “cuello y corbata”
La persecución de la delincuencia común pierde legitimidad cuando el país observa que grandes empresas o líderes de conglomerados económicos no son castigados por la justicia. Hemos sido testigos de graves daños a la población por actos de colusión entre empresas relevantes del país. En otros casos, los daños a la población se dan en el marco de servicios masivos que se entregan a la población, abusando de la asimetría entre usuario y empresa para establecer cláusulas abusivas o “letra chica” que se traducen en cobros excesivos o en servicios que no se prestan con la frecuencia y calidad que corresponde.
El delito de cuello y corbata termina perjudicando al ciudadano común, generalmente el engaño entre privados se traduce en un mal servicio o mayores gastos para el usuario. Se requiere una actuación decidida del estado que debe, al menos contemplar: a) el fortalecimiento del Servicio Nacional de Consumidor para una fiscalización y defensa efectiva de la población; b) Revisión de la legislación vigente, para garantizar penas efectivas de cárcel a los involucrados en estos delitos y procesos judiciales ágiles para la compensación oportuna a los consumidores.
Violencia, delito y justicia en la Macro Zona Sur
El Acuerdo Nacional en Seguridad debe ser capaz de definir una política para la Macro Zona Sur que diferencie entre delitos, terrorismo y la necesidad de justicia para nuestros pueblos originarios. El rechazo a la violencia y el terrorismo que se ha observado en la zona sur no es excusa para postergar las legítimas demandas del pueblo Mapuche; de la misma manera, la comprensión de las condiciones de postergación del pueblo Mapuche no es justificación para aceptar la violencia de grupos radicales. Llamamos a diferenciar entre problemas que tienen distinta naturaleza y, por tanto, distintas estrategias de solución.
Respaldaremos como partido los esfuerzos que impulse el Gobierno para fortalecer las políticas de restitución de tierras y los esfuerzos de inversión en regiones con altos niveles de pobreza. Con la misma decisión condenamos la violencia y el delito. Para quienes están involucrados en actos delictuales y de violencia no cabe más que la aplicación de la ley y una labor efectiva de persecución penal. Valoramos el nombramiento de una fiscal con dedicación preferente en la zona, esperamos que esto ayude a mostrar efectividad en una zona que acumula impunidad para muchos responsables de estos actos.
Estas políticas deben contar con acuerdos amplios que incluyan a todos los sectores de la vida nacional, sin embargo, la efectividad de las medidas depende, en buena medida, de la inclusión de los liderazgos regionales y locales. La planificación, coordinación y monitoreo de las iniciativas debe hacerse con los gobernadores regionales, alcaldes y representantes de la comunidad organizada, especialmente quienes son los protagonistas de estas iniciativas, el Pueblo Mapuche con disposición a dialogar.
Control de armas
Control y trazabilidad de armas y municiones
Es urgente realizar un sistema de etiquetado de municiones y su registro nacional. Aumentar penas por contrabando de armas y detectar las organizaciones y mercados criminales relacionados, por ejemplo, con corrupción de instituciones del Estado. Toda arma tiene una ruta que se debe detectar.
Aumentar penas por armas de alto calibre, modificadas y con accesorios como silenciadores, miras láser, sistemas de municiones extras, etc. Generar una campaña de sensibilización infantojuvenil, por ejemplo: “Armas ni de juguete”.
Se debe insistir en una campaña de desarme nacional. Tener un arma en el hogar aumenta la probabilidad de ser victimizado por otra arma de fuego. Por tanto, aumentar los requisitos para la adquisición de estas y generar conciencia de los peligros en el hogar. Se debe identificar con investigación criminal a quienes manufacturen armas (Armeros) o quienes transporten sus partes desde el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos. Hoy las armas tienden a ser de tipo modulares, es decir, no es un simple cambio de calibre, sino la capacidad de convertir armas de un cañón compacto a uno de tamaño completo o incluso alargado y modificar sus partes con materiales más livianos.
Fuerte inversión en tecnología con propósitos disuasivos e investigativos
Es innegable la importancia actual de cámaras, drones o sistemas de información cruzados entre diversas instituciones. Es necesario invertir en estos dispositivos para un trabajo más efectivo de las policías y la labor preventiva de municipios, junto a ello, es necesario desarrollar la infraestructura tecnológica adecuada para posibilitar un monitoreo centralizado en cada región de las condiciones del espacio público. De ser necesario se debe legislar para dotar de atribuciones a las policías y fiscalías, para que, en casos de investigaciones criminales y emergencias, tengan acceso en línea a las imágenes que captan las cámaras de instituciones privadas de todo tipo.
