DECLARACIÓN PÚBLICA PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO Y BANCADA DE CONSEJEROS REGIONALES Y GOBERNADOR (A)
16 de agosto de 2023
1-Queremos partir reconociendo la crisis que vive hoy la institucionalidad del Estado, detonada por los casos de corrupción vinculados a transferencias de recursos desde Servicios Públicos a Instituciones Privadas sin ajustarse a lo establecido por las normas de probidad y el correcto uso de los fondos públicos, por lo que nos parecen adecuadas las medidas que hoy el Ministerio de Hacienda toma en la circular Nº20 del 11 de agosto del presente, donde reitera y complementa las instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias corrientes y de capital.
2-Nos parece necesario reforzar los controles que hoy existen, pero creemos fehacientemente que estos controles no deben venir ni ser impuestos desde el nivel central, deben ser ejercidos por quienes han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía para este rol, las y los Consejeros Regionales, quienes en su papel fiscalizador, y por mandato popular, deben contribuir a inspeccionar las acciones que realicen los diferentes Gobierno Regionales, por tanto es imperante que sean dotados de mayores atribuciones en la próxima Ley de presupuesto del año 2024, siendo parte integra de los procesos que determinan la ejecución de los recursos regionales.
3- No estamos de acuerdo en que solo sean las regiones las tengan que pagar los costos políticos y administrativos de estos actos de corrupción, porque como es de público conocimiento estas acciones delictuales no solo se han producido en los niveles regionales, si no que han permeado a otras instituciones del aparato público. Por tanto, creemos oportuno que se incluyan las siguientes medidas para evitar estas malas prácticas;
A. Modificar la ley orgánica sobre Administración y Gobierno Regional para que los proyectos de inversión de montos superiores a 1.000 UTM requieran la aprobación del Consejo Regional y así tener más control democrático en la asignación de esos recursos.
B. Fortalecer las Contralorías Regionales con más profesionales que permitan una mayor fiscalización y control en las regiones.
C. Perfeccionar el artículo 23 de la ley de presupuesto y ampliar la concursabilidad, la transparencia y las rendiciones de cuentas tanto a las transferencias corrientes y también a las transferencias de capital.
D. Establecer que las instituciones ejecutoras de fondos públicos deben tener a lo menos tres años de experiencia institucional en el área en que desarrollarán los programas o proyectos establecidos.
E. Transformar actual Registro de ley 19.862 en un registro de beneficiarios finales con transparencia activa fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos.
F. Que se implemente en la ley de presupuestos del año 2024 una norma que favorezca la ejecución de transferencias corrientes por parte de entes públicos cuando tengan la capacidad técnica y orgánica.
G. Que las transferencias corrientes, sean concursables y pasen por el consejo regional y sin excepción de montos.
4- Para finalizar queremos dejar en manifiesto que el proceso de descentralización que está viviendo nuestro país no puede dar ningún paso atrás, y no por las acciones de unos pocos se va a poner en duda una demanda regionalista que lleva décadas gestándose en Chile, la que por años ha pretendido que las diferentes regiones del país sean territorios más prósperos y pujantes para que nuestros compatriotas puedan vivir, desarrollarse y alcanzar sus sueños. En las regiones se encuentra nuestra diversa y riqueza cultural que debemos preservar y propiciar para que Chile sea un país más justo y equitativo, donde todo chileno y chilena tenga la oportunidad de ser feliz.
📢 DECLARACIÓN PÚBLICA GORES Y CORES DC