YASNA PROVOSTE PRESENTA PROPUESTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Con un fuerte llamado a combatir el narcotráfico, la senadora y precandidata presidencial Yasna Provoste Campillay, junto al alcalde electo de San Ramón, Gustavo Toro, y otras autoridades municipales, presentó esta mañana sus propuestas en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico. “Vamos a perseguir los crímenes y delitos violentos”, argumentó.

“Nos hemos reunido hoy para entregar, ante autoridades municipales, las más cercanas a la ciudadanía, las propuestas de nuestra pre candidatura en materia de seguridad pública.

Nos proponemos que durante nuestro gobierno el Estado recupere su capacidad de cuidar a cada una de las chilenas y chilenos. A cada una de las familias que viven en nuestro país.

La pandemia ha sido un buen tiempo para el crimen. La incapacidad que ha demostrado el Gobierno para llegar a tiempo y proteger a las personas ha llevado a que el crimen crezca, de la mano del desempleo, la pobreza, la desesperanza y la ausencia de protección. Chile está viviendo los estragos de las malas políticas. Hacer un cambio no es solo urgente, es indispensable para el bienestar y la paz.

La responsabilidad de proteger y de garantizar seguridad es del Estado.

Invertir decidida y eficazmente en seguridad es una obligación ética y de justicia social que me propongo cumplir.

Debemos recuperar la capacidad del Estado de cuidar a las personas. La inseguridad, la violencia y el narcotráfico, son flagelos que golpean más fuerte a los que menos tienen.

El país siente miedo. El 39% de las personas ha percibido balaceras en su barrio. Es esta la sociedad que tenemos que transformar. Porque es inaceptable que 2 de cada 5 chilenos y chilenas viven asustados por las balas.

El año pasado, en medio de la pandemia, en medio del gobierno de la derecha, los homicidios aumentaron 29% a nivel nacional. En algunos barrios de Santiago sur han subido un 80%. Los “ajustes de cuentas”, las quitadas de droga, las disputas territoriales ya son parte de la habitualidad. Los alcaldes y alcaldesas de todo Chile no pueden entregar respuesta a los vecinos cuando ven que el crimen y el narco avanzan y lo penetran todo.

Vamos a reducir los crímenes y delitos violentos. Implementaremos un plan de desarme e intervención en zonas críticas. Estableceremos un nuevo control público de todo tipo de armas. Radicaremos esta función en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que crearemos en nuestro gobierno.

Aumentaremos los requisitos para que los civiles adquieran armas y municiones. Y reduciremos la facultad de portar armas a los funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Exigiremos la reinscripción anual de todas las armas, con un examen de su tenedor. Generaremos también una fuerza de tarea nacional para reducir la violencia intrafamiliar y el maltrato a niños, niñas y adolescentes, y crearemos una nueva estrategia nacional de resolución pacífica de conflictos y de convivencia.

Implementaremos la tan postergada intervención civil a Carabineros. Vamos a crear una nueva policía. Con comisarías abiertas al público, al servicio de la comunidad y de la protección de derechos esenciales. Las dotaciones de policías no pueden permanecer tan desiguales como lo son hoy. Estableceremos pisos mínimos de contingente por comisaría. Se acabó el trato tan desigual del Estado en materia de seguridad.

Enfrentaremos el narcotráfico y el crimen organizado como un deber ético. Para eso nos proponemos establecer una fuerza de tarea especial que combine inteligencia, coordinación y operatividad de las policías. No más actividades para la fotografía como acostumbra la derecha. Trabajo serio, efectivo y coordinado es nuestra propuesta. Chile debe desarticular las grandes organizaciones criminales, desde la punta de la pirámide hacia abajo.

Terminaremos con el mal uso de la Ley de Drogas abultar detenciones, bajo la lógica de “pesca de arrastre”, en que da lo mismo a quien se detiene o si finalmente hay una causa judicial viable. Pondremos el foco en la persecución eficiente de grandes narcotraficantes, en el marco de una política integral de Estado centrada en la recuperación de los territorios más afectados y de las personas presas del mercado del tráfico. Modernizaremos la regulación de transacciones financieras, el movimiento de capitales, el lavado de dinero, y los delitos informáticos, entre otras áreas.

Aumentaremos la presencia del Estado en los territorios. Para esto crearemos: Una Estrategia Nacional contra el crimen organizado; una Dirección Especial de Crimen Organizado y Narcotráfico; y fuerzas de tarea conjuntas inter policiales y fiscalías contra el crimen organizado bajo el paradigma del Análisis Criminal y Focos Investigativos.

 En Seguridad municipal y privada, fortaleceremos la seguridad ciudadana mediante un programa nacional de profesionalización y dotación de recursos para la seguridad municipal. Regularemos el mercado de la seguridad bajo un entendimiento de corresponsabilidad: como complemento eficiente y eficaz de la seguridad pública. Los municipios necesitan mayores atribuciones en la coordinación de actores. Por eso fortaleceremos los Consejos Comunales de Seguridad. Estos serán vinculantes y las decisiones que se tomen ahí ́, en conjunto con las policías, fiscalía, vecinos y otras instituciones, serán medidas y respetadas. Además, posteriormente serán evaluadas de cara a la ciudadanía.

Estableceremos coordinaciones macro zonales y de áreas metropolitanas. Debemos contar con zonas que permitan abordar los fenómenos de acuerdo con su diversidad y mostrar capacidad de aunar esfuerzos policiales, investigativos, de inteligencia, de fiscalías, etc. bajo un nuevo diseño de macro zonas regionales y áreas metropolitanas.

Trabajaremos con las y los Gobernadores Regionales en materia de Seguridad Pública, particularmente en prevención del delito. Buscamos descentralizar la capacidad de prevenir que el delito ocurra. Además, los Consejos Regionales de Seguridad deben ser establecidos y obligatorios a nivel regional, ahí́ deben converger vecinos, municipios, policías, fiscales y otras instituciones. Igual a los Consejos Comunales, estos deben ser vinculantes, transparentes y con rendición de cuentas.

 Lo anterior se complementa con la creación de un plan especial de seguridad para barrios comerciales. Sabemos del temor que viven a diario miles de emprendedores, locatarios y dueños de negocios de barrio, en todo el país. Mientras el gran comercio tiene la capacidad y recursos para contratar empresas de guardias de seguridad privada, el almacén de barrio no lo tiene. Esto no solo se trata de su seguridad, que es lo más importante, sino que además de su competitividad. Un negocio asediado por el crimen simplemente no puede sobrevivir.

La situación requiere una estrategia concreta, que debe nacer desde la co-creación y la corresponsabilidad de diferentes actores. Este no es un problema que se enfrenta solo desde un ministerio, sino que obliga a la participación de otras carteras, como también de los actores privados.

Revisaremos con especial atención las situaciones que afectan la seguridad del pequeño comercio, la tecnología disponible y su funcionamiento y estableceremos un equipo especial de Carabineros capacitados especialmente para la seguridad en el comercio

Hacemos un llamado a reconocer una realidad que muchos quieren ocultar: Los delitos económicos y la corrupción son también una amenaza a la seguridad pública.

Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades de fiscalización del SII, la Dirección del Trabajo, la Contraloría y la Fiscalía Nacional Económica.

Vamos a establecer la delación compensada o “cooperación eficaz” en materia de corrupción, como se encuentra vigente para delitos colusorios, de transparencia de mercados y de tráfico de estupefacientes y terrorismo, tal como lo ha propuesto el Consejo para la Transparencia